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Los celulares robados ya no podrán ser reactivados, dice el gobierno nacional.

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Mediante Decreto No. 1630 de ayer el Gobierno Nacional determinó que celular robado y reportado como tal en el territorio nacional, entrará a una base de datos que impedirá que pueda ser activado en el mismo u otro operador de telefonía. 

Mediante esta iniciativa se pretende acabar con el robo de celulares en el país, y que en el caso de Pasto ha llegado a cifras considerables, según la Policía Nacional. Según la norma con la creación de una "base negativa" quedan inscritos todos los celulares reportados como robados o extraviados.

 

Mediante este mecanismo efectivo allí queda consignado el número IMEI, una especie de 'cédula' que tiene cada equipo y que es única. Será responsabilidad de todos los operadores de celulares que esa base de datos "se mantenga actualizada y se garantice su consulta en línea". El decreto también establece que los operadores cuentan con seis meses, a partir de la expedición de la regulación, "para incluir en la base de datos positiva los IMEI de los equipos terminales móviles, así como el número de identificación de cada propietario de dichos equipos". "Sólo podrán ser activados los celulares que estén en esa base positiva", dijo tras haberse expedido el Decreto el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, quien señaló que la verificación de dichas bases deberá efectuarse cada que se vaya a activar un teléfono.

El ministro explicó que la base negativa será común entre todos los operadores de telefonía celular en Colombia para que logren establecer qué equipos han sido robados. El decreto también establece con claridad quiénes están autorizados para vender equipos nuevos y usados. Entre ellos se encuentran los operadores, las personas que estos autoricen, y a quienes a su vez autorice el Ministerio de las TIC. No obstante, le otorga a los comercializadores que ya están en funcionamiento un plazo de dos meses contados a partir de que la Comisión de Regulación expida la normatividad en torno a este tema, para obtener la autorización que les permita realizar la venta al público de los equipos móviles. Lo que se pretende es que esta regulación abarque toda la región para que equipos robados en un país no puedan comercializarse en otro